La semana pasada la Gobernadora y algunos diputados del Meta realizaron un recorrido por varias obras de infraestructura deportiva que se construyen en Villavicencio, en el cual se confirmó que las de la pista atlética del estadio Bello Horizonte tienen un avance del 21%, las de los coliseos menores de la Villa Olímpica del 68%, las del patinódromo 42%, las del parque Sikuani del 81% y las de la cancha de fútbol de La Esperanza del 70%.
Mientras el Idermeta en sus redes calificó como “¡Gran noticia! Que estos escenarios estarán listos el 1 de julio”, la Gobernadora expresó su beneplácito y a la vez anunció que en la celebración del aniversario del Meta ‘esperan entregarle a Villavicencio’ esas obras.
Sin duda que siempre resultará una excelente noticia cuando por fin se entreguen para su uso esos y cualquier otro escenario deportivo, pero el Gobierno departamental está es en mora de ofrecerle excusas a los deportistas y al sector deportivo en general, por la paquidermia con la que ha actuado frente al incumplimiento de los contratos.
Aquí ya se volvió costumbre que las obras públicas se la pasen de suspensión en suspensión y los plazos que se establecen en dichos contratos se convirtieron en un ‘saludo a la bandera’. En ese ir y venir la administración departamental, sea cual sea su dependencia, tiene mucho que ver.
Primero, por las falencias en el proceso inicial de planeación de los proyectos, el cual no resulta tan efectivo como debería ser si se tiene en cuenta la cantidad de ‘imprevistos’ o ítems que se escapan y que luego generan demoras, suspensiones y las ya ‘acostumbradas’ adiciones al valor inicial del contrato.
Y segundo, porque han sido permisivos y poco exigentes con los contratistas, quienes van a su ritmo mientras los deportistas, dirigentes y la familia del deporte ha tenido que ver pasar hasta varios años de incumplimiento en los plazos pactados para la entrega de las obras, en la mayoría de ocasiones sin mayores explicaciones.
Es oportuno recordar que los dineros que se invierten en esas obras para el deporte pertenecen al erario y, en teoría, son de todos los metenses. Sin embargo, algunos creen que los presupuestos oficiales son de ellos y no rinden cuentas reales de su utilización; porque esas Rendiciones de Cuentas que hacen los Gobiernos con gran despliegue mediático y generalmente en épocas de fiesta y jolgorio, resultan apenas ‘pincelazos’ para cumplir con una fría normatividad.
Esperemos que la familia del deporte pueda ver concluidos los escenarios que están en curso; y segundo, que los entreguen sin fallas absurdas como la ya famosa del coliseo Álvaro Mesa Amaya, que después de invertirle cerca de 90.000 millones de pesos, quedó en algún sector del segundo piso con visión parcial de cualquier evento que allí se realice.
